Las desamortizaciones

Leyes de desamortización
Se trata de un proceso iniciado en el siglo XVIII. para diferenciarla de la desvinculación, hay que decir que la desamortización es la apropiación por parte del Estado de tierras u otros bienes, pertenecientes a "manos muertas", ya sean eclesiásticas o civiles, con el fin de sacarlas a la venta en pública subasta.
A grandes rasgos, la desamortización se llevó a efecto en las siguientes etapas legislativas:
- Primera: En el año 1813 se venden las propiedades de las órdenes religiosas que fueron suprimidas y de los conventos que fueron destruidos por la guerra,las temporalidades de los jesuitas, y los bienes de las cuatro órdenes militraees y los de la orden de San Juan de Jerusalén.
- Segunda. Por decreto de 25 de octubre de 1820, pasan a ser propiedad del Estado las posesiones de una serie de conventos, monasterios e instituciones eclesiásticas.
- Tercera. Corresponde a la fase de Mendizábal (16-II-1836), quien había prometido a los juntistas que llegaría hasta el final en materia religiosa, así es que una las primeras medidas que adoptó, por Real Decreto (8-X-1835), fue prohibir a los obispos que administrasen el sacramento del Orden, para <>. Tres días después suprimió todos los conventos y monasterios de religiosos, exceptuando a los que se dedicaban a la enseñanza de los pobres y al cuidado de los enfermos, con lo que tan solo se libraron de la medida los escolapios, los hermanos de San Juan de Dios y los misioneros de Filipinas.
Y fue durante los meses de gobierno personal de Mendizábal, cuando se promulgó un Real Decreto (16-II-1836) que sacaba a subasta los "Bienes Nacionales", es decir las propiedades que habían sido incautadas a la Iglesia y a las órdenes religiosas.
- Cuarta. La ley de 29-VII-1837 amplía la desamortización a los bienes del clero secular y ordena su venta, a partir de 1840.
- Quinta. En el Bienio Progresista se remata el proceso descrito. Pasual Madoz extendió la desamortización a los bienes propios, de instrucción pública y beneficiencia. Por ello se la conoce como la desamortización civil, lo que no quiere decir que no afectase a las pertenencias eclesiásticas. Es más, precisamente porque afectaba a este tipo de bienes, volvieron a surgir los problemas con la Santa Sede, motivo por el que la reina se resistió a sancionar dicha ley.