Las Regencias

LAS REGENCIAS (1834-1843). LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL

La transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen resultó en España un proceso lento y difícil. La guerra de la Independencia supuso una primera etapa en la que se mezclaron elementos tradicionales con otros revolucionarios. La tónica de alternancia entre revolución y contrarrevolución siguió durante el reinado de Fernando. Pero al iniciarse la regencia de Mª Cristina se dio el paso ya irreversible hacia el Nuevo Régimen.

LAS GUERRAS CARLISTAS
Los acontecimientos de los últimos años del reinado de Fernando VII son de importancia capital en la transición entre el Estado del Antiguo Régimen y el Estado Liberal. Se dieron en estos años tanto medidas reformistas (establecimiento del Consejo de Ministros en noviembre de 1823) como persecuciones a liberales. Precisamente este punto dividió a los absolutistas en intransigentes y moderados.
Un grupo absolutista más radical aún (los realistas puros) se desarrolla durante este tiempo y se manifiesta con fuerza en el exilio. A este grupo se añaden jefes militares descontentos y el campesinado con ocasión de la Guerra de los Agraviados (1827).
Al morir la reina sin que Fernando VII tuviese aún descendencia, los realistas más radicales (los ultras) ponían su esperanza de vuelta a un régimen de corte más claramente absolutista en el Infante Don Carlos, hermano de Fernando VII. Pero la boda con Mª Cristina (hija del rey de Nápoles y de una hermana de Fernando VII) y su embarazo sembró la inquietud entre los ultras.
Con la llegada de los Borbones al trono español había llegado también la Ley Sálica (que excluía de la sucesión a la mujer siempre que hubiese descendencia masculina por la rama directa o colateral). En 1789 Carlos IV había reinstaurado las leyes originales (posibilidad de sucesión de las descendientes mujeres en caso de no haber descendencia masculina) en una Pragmática Sanción, pero no llegó a ser publicada. Ante el embarazo de la reina, Fernando VII decidió publicar la Pragmática Sanción (abril 1830), que anulaba la Ley Sálica. Esto fue un duro golpe para este grupo, al ver como Carlos perdía las posibilidades de ser el sucesor del monarca. Durante los últimos años de reinado de Fernando VII se derogó o puso en vigor la Pragmática según las presiones recibidas.

Sucesos de La Granja (1832).
En septiembre de 1832, mientras la familia real pasaba el verano en La Granja, Fernando sufrió un ataque de gota que a sus médicos les pareció mortal. Se iniciaron así los trabajos para prever la sucesión del monarca. Ante los rumores de que don Carlos no aceptaría la sucesión en Isabel (la hija de Fernando) y que estaría dispuesto a llegar a la guerra, se preparó un decreto derogando la Pragmática Sanción que fue firmado por Fernando.
Pero al no mantenerse en secreto la derogación, los liberales y realistas moderados se movilizaron y organizaron. Además, el monarca se recuperó y el cambio ministerial producido posibilitó finalmente mantener la Pragmática. Calomarde y el conde de Alcudia acabaron en el extranjero y Cea Bermúdez ocupó la presidencia del Consejo de Ministros.

Mª Cristina fue habilitada el 6 de octubre para el despacho general de los asuntos al seguir el rey enfermo. Se tomaron una serie de medidas dirigidas a la defensa de los derechos de Isabel: el indulto del 7 y la amnistía del 30 del mismo mes dirigida a los liberales exiliados, la apertura de las universidades cerradas en 1830, la sustitución de los altos mandos militares ultras, medidas contra los voluntarios realistas, etc. El monarca finalmente declara públicamente (31 de diciembre de 1832) la nulidad del decreto que había derogado la Pragmática. Más tarde se alejó a don Carlos de la corte y se preparo la jura de Isabel (de 3 años de edad) como princesa de Asturias. A la muerte de Fernando VII se nombró reina a su hija con el nombre de Isabel II y Mª Cristina reina gobernadora en funciones de regente.

Ideología carlista
Los orígenes del carlismo se pueden buscar en el siglo XVIII, pero sobre todo desde 1820, con la Regencia de Urgel, y la revuelta de los "agraviados" (1827). El partido "Apostólico", origen de los carlistas, tenía en sus inicios pocos seguidores, pero se fueron añadiendo combatientes que en realidad tenían motivaciones diversas:
-La defensa de la religión, a la que genéricamente llamaron muchos clérigos.
-El foralismo, sobre todo en el norte de España (desde Vizcaya a Cataluña).
-El mantenimiento de las diferencias fiscales honoríficas de ciertos grupos sociales. De hecho, muchos núcleos de apoyo al carlismo fueron promovidos por familias de origen hidalgo y en zonas con hidalguía universal.
Don Carlos se presentó como defensor de todo lo mencionado. Las intenciones centralistas liberales y los ataques de estos al clero, sobre todo a partir de 1835 con la exclaustración y la desamortización, proporcionaron buen número de seguidores a los carlistas y activaron la lucha.
Los carlistas, además, no reconocían valor jurídico a la Pragmática Sanción por diferentes razones. Pero en cualquier caso, el problema no era sólo dinástico, sino ideológico. De hecho, el tímido acercamiento del rey a los liberales desde 1826 ya había sido una de las razones que provocó en 1827 la rebelión de los agraviados o malcontentos, de carácter absolutista.
Los seguidores carlistas fueron sobre todo labradores, y las principales zonas de procedencia fueron:
-La región vasconavarra.
-Cataluña.
-La montaña levantina.
-El Bajo Aragón.
-Otras zonas (resto de la fachada cantábrica y Castilla), pero en menor proporción.
En cuanto al carácter de la confrontación, Carr propone un enfrentamiento campo-ciudad. Pero algunos de los últimos estudios (Alfonso Bullón de Mendoza) recalcan que en las zonas carlistas también estos son mayoría en las ciudades. Se demuestra la persistencia del carlismo en estas ciudades (como Pamplona o Bilbao) con los buenos resultados obtenidos cuando se dan las primeras elecciones con sufragio universal. La razón de haber permanecido en manos de las fuerzas cristinas habría sido la importante presencia de tropas en ellas.

Desde 1832 la corona se había acercado más claramente a los liberales y desde ese momento hasta la muerte de Fernando VII (1833) se dieron los pasos para operar la transición al régimen liberal con el gobierno de Cea Bermúdez, que practicó un reformismo de cuño ilustrado. Esta situación tuvo como resultado el surgimiento de un nuevo partido en torno a la figura de Don Carlos, el partido carlista. Sus seguidores se encontraron en gran número entre los campesinos, pero también los hubo entre la población urbana. Este nuevo partido, su objetivo (que Don Carlos fuese el sucesor de Fernando VII) y una situación economico-social ya de por si problemática provocaron la guerra. El ejército estuvo del lado del Gobierno y dominó los diferentes alzamientos excepto en el norte.
En las guerras carlistas se pueden distinguir hasta 7 etapas, enmarcándose las 4 primeras en la llamada I Guerra Carlista (1833-1840):

Primera etapa (1-I-1833 a VII-1835)
Don Carlos no aceptó a Isabel como sucesora de Fernando (tomó el título de rey de España el 1 de octubre de 1833) y las primeras partidas carlistas empezaron ya a organizarse cuando aún no había pasado una semana de la muerte del monarca. En pocos meses Zumalacárregui las organizó para formar un ejército regular que pudiera enfrentarse al ejército regular cristino. En noviembre ya se podía hablar de guerra civil en algunos lugares y en los meses siguientes se empezaron a delimitar las zonas dominadas por cada bando.
Los carlistas, desde Guipúzcoa, se fueron expandiendo por esta provincia (excepto San Sebastián), por Vizcaya (excepto Bilbao), norte de Álava y Navarra (excepto Pamplona). También sería carlista la zona alta de Cataluña y se organizarían partidas o grupos guerrilleros en Aragón, El Maestrazgo, Galicia, Asturias, Santander, La Mancha y otros.
Esta fase finaliza con la muerte de Zumalacárregui durante el asedio a Bilbao el 21 de julio de 1835.

Segunda etapa (verano de 1835-octubre de 1837)
Paso de la guerra del ámbito regional al nacional. Luis Fernández de Córdoba tomo el mando del ejército Cristino, siendo sustituido luego por Espartero, quien logró romper el sitio de Bilbao. Los carlistas habían puesto mucho empeño ya que necesitaban ocupar alguna ciudad que les diera prestigio internacional.
El Maestrazgo y el Bajo Aragón se convirtieron en otra zona de dominio carlista, con el general Cabrera como protagonista. Además, se produjeron durante esta época las principales acciones carlistas fuera de su zona de influencia con las gestas militares del general Gómez, de don Basilio, de Zariátegui y Elío, quienes llegaron a ocupar por poco tiempo Valladolid y Segovia. Don Carlos incluso llegó a las puertas de Madrid con un ejército de 14.000 hombres, aunque acabó volviendo a Navarra. Posiblemente la idea de llegar a un acuerdo para concertar un matrimonio entre los hijos de Mª Cristina y don Carlos es la que llevó a este a emprender la acción, pero la falta de respuesta de la regente habría hecho que don Carlos desistiese.
La población civil rara vez se opuso a la entrada de las tropas carlistas en sus poblaciones, aunque tampoco mostró entusiasmo. Podrían tener partidarios en lugares fuera de sus zonas de influencia, pero no en el número ni con las ganas suficientes como para movilizar a la población.

Tercera etapa (octubre de 1837-agosto de 1839)
El Ebro se constituyó en frontera del carlismo, que se estabilizó territorialmente. Se crearon divisiones entre los propios militares carlistas. Aquellos generales que habían protagonizado acciones fuera de las zonas carlistas (como Gómez, Zariátegui o Elío) fueron procesados y asumió el mando un "apostólico" (sector más reaccionario del carlismo): el general Guergué.
Frente a los apostólicos intransigentes existe una oposición más moderada que se hace patente durante estos años. También suceden las guerras de "camarillas" para obtener más poder en el gobierno carlista. Esto desacreditó a don Carlos en el extranjero y entre sus propios seguidores.
Muñagorri organizó un partido político dispuesto a negociar ("Paz y Fueros"), con apoyo de Inglaterra y Francia, pero su éxito fue escaso. Aún así, fue su idea la que se impuso y Maroto acabó firmando la paz con Espartero (Convenio de Vergara, 29 de agosto de 1839). Maroto, carlista moderado, había sustituido al apostólico Guergué y el cansancio y la incertidumbre por el resultado le hicieron dar el paso de Vergara. En el Convenio se reconocieron los empleos y grados del ejército carlista y se recomendó la devolución de los fueros a las provincias vascas y Navarra.

Cuarta etapa (agosto 1839-julio 1840)
Don Carlos no reconoció el Convenio y la guerra siguió, pero la diferencia de fuerzas ayudó a Espartero a liquidar la resistencia en Álava y Navarra y obligó a Carlos a huir a Francia el 14 de septiembre. La resistencia se prolongó en los focos de Aragón comandados por Cabrera y en Cataluña, con el conde de España. Este fue asesinado en noviembre y Cabrera quedó como jefe supremo. Con la pérdida de Morella en junio de 1840 llegó la derrota casi definitiva y el 6 de julio un ejército de más de 25.000 hombres cruzó la frontera.
Posteriormente se puede hablar de 3 etapas más: la segunda guerra carlista, la tercera y un episodio final. La cuarta guerra carlista tendría lugar más adelante, en 1872.

Quinta etapa (1846-1849)
Cuando Mª Cristina y don Carlos estuvieron exiliados en Francia (entre 1840 y 1844) tuvieron ocasión de hablar de una posible unión de las líneas dinásticas con un matrimonio entre sus hijos. Un sector de políticos y pensadores liberales moderados (como Jaime Balmes o Manuel de la Pezuela) crearon un clima de opinión favorable a ello, intentando sintetizar las dos posiciones ideológicas. Pero la mayoría de liberales y carlistas mantuvieron sus postulados ideológicos.
Don Carlos había abdicado en su hijo, Carlos Luis en 1845. Ante estos intentos de aunar las líneas dinásticas, algunas partidas carlistas volvieron a levantarse en 1846, en Cataluña. Esta segunda guerra se desarrolló de forma discontinua y en lugares diferentes: Cataluña en 1846; Valencia y Toledo en 1847; Cataluña y otras zonas en 1848 y principios de 1849.

Sexta etapa (1854-1856)
Sería la llamada tercera guerra carlista, que se plasmó en acciones guerrilleras por todo el norte de España. Las causas aludidas fueron la defensa del catolicismo y la lucha contra las ideas revolucionarias. La guerra empezó con el manifiesto de Montemolín y el primer enfrentamiento se produjo en Palencia en 1854. En 1855 se extendió por Castilla, Santander, Aragón, Cataluña y Levante, con un importante foco en el Maestrazgo.

Séptima etapa
Esta etapa es simplemente un episodio que se produjo en abril de 1860, cuando Carlos, el conde de Montemolín (hijo de don Carlos), y su hermano Fernando fueron apresados en La Rápita al intentar introducirse en España. Ambos renunciaron a sus derechos de sucesión, aunque se retractaron más tarde. El tercero de los hijos, Juan de Borbón, asumió los derechos. Tras la muerte de Carlos y Fernando en 1861, Juan asumió definitivamente la herencia dinástica hasta que su hijo (Carlos VII) tomo la dirección de la causa e inició en 1872 la cuarta guerra carlista.



LA ORGANIZACIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL
Durante el reinado de Isabel II, además de los poderes estipulados por el orden constitucional, existieron otros: la corona, el Ejército, la prensa, la Iglesia, el poder económico y la Milicia Nacional. Pero las tres principales fuerzas fueron la corona, el Ejército y los partidos. Las tres estuvieron unidas frente a amenazas externas (carlistas, republicanos y asociaciones obreras), pero conspiraron unas contra otras en diversos momentos.
Una situación anómala al funcionamiento normal del Régimen pero relativamente habitual fue el pronunciamiento. En este tipo de sucesos, un general, apoyado por un sector del ejército, pasa a dirigir un partido o interpreta la supuesta voluntad popular. A veces, estos pronunciamientos son apoyados por revueltas callejeras, que a través de las juntas locales daban un carácter civil al golpe.
Otra situación anómala al funcionamiento normal pero habitual en este período son los constantes cambios de gobierno, incluso dentro del mismo partido y la permanente intriga palaciega de la clase política. La "camarilla" era también fuente de intriga habitual, aunque su capacidad de influir en política era limitada.

La política nacional
Los componentes del mundo político de Madrid (presidentes del Consejo, ministros, secretarios de ministerio, altos funcionarios y diputados más o menos habituales) fueron intercambiables en sus puestos.
El poder ejecutivo (gobierno) se componía de varios ministerios (entre 6 y 8): Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Fomento, Guerra y Marina fueron estables. Gobernación del Reino y Ministerio de Ultramar fueron más cambiantes. Los ministerios se nombraban por la corona. Los ministros reunidos formaban el Consejo de Ministros, con un presidente designado por la corona y que acostumbraba a ser también el ministro de Estado. Los ministros eran habitualmente hombres de leyes o militares. Los ministerios contaban además con una secretaría general y una serie de altos cargos (directores generales) con una serie de subalternos. La administración no era especialmente numerosa ni ágil. Los gobiernos se formaban por iniciativa de la corona, que si bien debía ser un poder arbitral, con frecuencia se orientaba a favor de los moderados.
El poder legislativo estaba compuesto por dos cámaras: Congreso y Senado. Respecto a la elección de los mismos hubo hasta 6 disposiciones distintas por las que se rigieron las 22 elecciones del reinado de Isabel II. Las principales diferencias eran de división de las circunscripciones en distritos uninominales o plurinominales, la adopción del sufragio directo o indirecto, y la mayor o menor dimensión del censo electoral.
En cuanto a las circunscripciones, la provincia fue el ámbito de representación y el número de diputados por provincia era en función del número de habitantes. La división en distritos uninominales (defendida por moderados) implicaba que cada distrito (habitualmente partido judicial) elegía un diputado. Esto permitía pactos con familias o poderes locales e inicia los cacicazgos. Las listas plurinominales (habituales excepto con la ley de 1846), cada votante acudía a la mesa situada en la población cabeza del distrito electoral, pero elegía los diputados del conjunto de la provincia y no sólo al del distrito. Las cabezas de partidos judiciales (creados en 1834) adquirieron significado político.
El método indirecto de elección (señalado ya en las cortes de Cádiz), se basa en la elección de compromisarios o electores por parte de aquellos españoles con derecho de sufragio. Los compromisarios elegían a los diputados de cada provincia. Con las sucesivas cribas que suponía este sistema, se podía orientar el voto hacia aquellos candidatos que más interesasen. Este sistema fue cayendo en desuso en Europa y en España también se dejó de aplicar desde la ley de 1837. A partir de entonces se prefirió la elección directa por parte de aquellos españoles "capaces de comprender" el sistema liberal y elegir a las personas más convenientes (sufragio censitario). Así, la elección era directa, pero muy pocos podían votar (varió entre el 0,1 y el 25 % de los españoles).

Los cambios de gobierno
Aunque con los cambios de legislación electoral los gobiernos afirmaban que se buscaba una mayor transparencia, la realidad es que las elecciones no se perdían nunca porque siempre se controlaban. Los cambios de gobierno no eran realizados a través de elecciones, sino por decisión de la corona (encargo de formar gobierno y convocar elecciones). Esta actuaba a menudo forzada por la situación creada desde los partidos políticos, que podían presionar con las armas o mediante la provocación de disturbios callejeros. Habitualmente, los presidentes de gobierno que convocaban elecciones continuaron como tales con mayorías parlamentarias.
De las 22 elecciones generales que hubo sólo en 5 no las ganaron. Incluso en 2 de estas los presidentes siguieron en el poder y tuvieron que ser expulsados por pronunciamientos. Sólo una vez perdió el presidente, Evaristo Pérez de Castro, las elecciones claramente en verano de 1839, pero gobernó en minoría sustentado por Espartero. En las siguientes elecciones, también convocadas por Pérez de Castro, se corrigió la situación, obteniendo la mayoría los moderados. Las otras 3 ocasiones corresponden a la regencia de Espartero, durante la que nunca llegó a tener mayoría parlamentaria.
Como norma general, los políticos isabelinos manipularon la maquinaria parlamentaria desde el momento de las elecciones. Tanto la elección indirecta como el sufragio censitario estrechaban el grupo de personas con las que se podía llegar a acuerdos, a través del gobernador o jefe político de la zona, a cambio de favores o prebendas.

El sistema judicial
A principios del siglo XIX persistió el sistema judicial característico del Antiguo Régimen:
-Multiplicidad de jurisdicciones (fundamentadas en criterios de "privilegio") con sus frecuentes conflictos de competencia.
-Multiplicidad de legislaciones en distintas zonas del país.
La Constitución de 1812 introdujo el principio de la separación de poderes. Por ello se pretendió la autonomía y responsabilidad de los jueces respecto al poder ejecutivo. Asimismo, el principio de igualdad ante la ley llevaba a la unidad de fueros, lo que llevaría más en llevarse a la práctica. La jerarquía de jueces (alcalde, jueces de Partido, Audiencias y Tribunal Supremo) contemplada en la Constitución de Cádiz fue anulada por Fernando VII en 1814. Con Martínez de la Rosa ser reprodujo lo básico de la Constitución de 1812. Asimismo se dividieron las provincias en partidos judiciales. Los jueces eran nombrados por una Junta del Ministerio de Gracia y Justicia. Así pues, no se consiguió la pretendida independencia.
La organización judicial no cambió en lo esencial hasta 1870 con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se establecieron los siguientes principios:
-Independencia: vacantes y ascensos cubiertos por oposición, inamovilidad judicial, responsabilidad de los jueces en sus actos, incompatibilidad con el ejercicio activo de la política.
-Colegialidad de los tribunales.
La unidad de fueros recibió un fuerte impulso en 1862, con un Real Decreto que establecía las bases para organizar los tribunales y dejando a la jurisdicción ordinaria como la única competente.

El poder local
La nueva división provincial fue realizada por Javier de Burgos en 1833. Las provincias se basaban en unidades históricas, corregidas por circunstancias geográficas, extensión, población y riqueza. Se organizaron 49 provincias con el nombre de sus capitales excepto los archipiélagos, Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, que conservaron denominación y límites antiguos.
Al frente de cada provincia se colocó un subdelegado de Fomento (luego jefe político y luego gobernador civil), que era representante del gobierno de la nación. La Diputación era el órgano de gobierno de la provincia, que desde 1834 se dividió en partidos judiciales. El modelo progresista, que apenas estuvo en vigor, era partidario de cierta descentralización y la Diputación tenía competencias propias. En el modelo moderado la Diputación tenía una función más consultiva. La administración provincial contaba en cualquier caso con un escaso número de funcionarios.
El modelo moderado se basaba en la administración pública napoleónica, el doctrinarismo francés. Este modelo se basaba en una administración subordinada desde el gobierno hasta el último pueblo. Al haber contraposición de intereses deberían prevalecer los públicos sobre los privados y los nacionales sobre los locales. Así pues, el alcalde era básicamente un representante del gobierno por la línea jerárquica desde la corona y a través de los jefes políticos o gobernadores. El gobierno podía reforzar su poder nombrando un alcalde corregidor, que al no ser cargo electo podía ser de duración ilimitada, para sustituir al ordinario. Los alcaldes eran designados por el gobierno entre los concejales electos. Estuvo vigente casi todo el reinado de Isabel II, excepto en los períodos 1840-1843 y 1854-1856.
Los progresistas hicieron de la elección de los alcaldes uno de sus caballos de batalla en los procesos revolucionarios de 1840, 1854 y 1868. En el modelo progresista los alcaldes tenían más autonomía respecto al gobernador.
La alternancia entre unionistas y moderados entre 1856 y 1868 deterioró las estructuras caciquiles. El modelo estaba adaptado al gobierno de un solo partido, pero no para partidos próximos pero rivales y sin pacto previo. Los caciques locales dividieron sus fuerzas y esto benefició a los progresistas, demócratas y carlistas, que durante los años 60 obtuvieron mayoría en muchos ayuntamientos.
La política local tuvo cierta vitalidad, aunque estaba muy desconectado del gobierno del país. Eran las clases medias y altas con derecho a voto las que se interesaron por los asuntos políticos. Estos se discutían en ateneos, sociedades económicas, etc. Pero la gran mayoría de la población permanecía ajena a la vida política.

Los partidos políticos hasta 1856
Tras la muerte de Fernando VII y con la guerra en marcha, los dos grupos herederos de la Constitución de 1812 (exaltados y moderados, junto a los afrancesados) se unieron entorno a la reina. Esta unión se mantuvo los años 34-37. En estos años se fraguaron dos partidos: los exaltados (los que se oponían al gobierno) y los moderados (los que defendían a aquellos que entonces estaban en los ministerios).
En el caso de los moderados había afrancesados que habían colaborado en la confección de la Constitución de Cádiz, exiliados en buena parte, y gente que estuvo con Fernando VII en su última etapa. En una primera etapa (34-36) Martínez de la Rosa los lideró, aunque la disciplina interna del grupo era escasa. En verano de 1836 se produjo una refundación del partido al entrar Istúriz, Alcalá y otros (de origen liberal exaltado), que sustituyeron a Mendizábal en el poder. El liderazgo político pasó a estar compartido entre Martínez de la Rosa e Istúriz y en el plano ideológico fueron los doctrinarios los que impusieron sus tesis. En verano de 1837 se produce otro cambio al cambiar su nombre de Partido Moderado a Monárquicos Constitucionales, denominación que apenas fue utilizada. Al final de la guerra carlista se unieron al partido políticos procedentes del carlismo. Entre 1844 y 1854 ejercieron el poder y surgió un nuevo líder moderado: el general Narváez.
Cuando desde 1844 los moderados se afianzaron el poder dieron lugar a tres corrientes:
-Los moderados "puritanos" ("Unión Liberal" ó, desde 1845, "Partido Moderado de la Oposición"), situados a la izquierda y con Pacheco, Pastor Díaz y Ríos Rosas como cabezas principales. Derivaron desde 1856 en la "Unión Liberal de O'Donell". Pese a la rivalidad, siempre estuvieron en contacto con los progresistas.
-Los "centrales" tenían a Narváez como líder y símbolo del partido.
-La "Unión Nacional" desde comienzos de los cuarenta se situó a la derecha, con Jaime Balmes y Manuel y Juan Pezuela. En los cincuenta tuvieron continuidad con los "ultra-moderados", con Bravo Murillo. De estos, con otros añadidos, surgieron los neocatólicos, que intentaron integrar a los carlistas y tradicionalistas.
Los moderados se impregnaron de un nuevo pensamiento filosófico y político-jurídico de origen francés: el "liberalismo doctrinario" o "doctrinarismo". Sus principios parten del liberalismo clásico: derechos individuales de libertad, la división de poderes y la negación de la soberanía monárquica por la gracia de Dios. En lugar de esta última proponen la soberanía compartida entre rey y Cortes. Estas últimas con dos instituciones: Congreso (representación de la soberanía popular) y Senado (síntesis de las dos soberanías parlamentarias). Además, la organización política debe estar dirigida tal que el gobierno quede en manos de los mejores. Esto es denominado "soberanía de la capacidad" o "soberanía de la inteligencia". Para lograr esto es esencial una ley electoral selectiva, a través de un sufragio restringido. Esta capacidad, en la práctica, se identifica con aquellos que poseen más bienes o pagan más impuestos. Entre los principales doctrinarios se encuentran Javier de Burgos, Alcalá Galiano y otros. La eficacia de la actividad política se identificaba entre los doctrinarios con una administración ordenada, subordinada y centralizada.
En el caso de los “exaltados” (también llamados “liberales” y desde finales de los años treinta “progresistas”), tardaron más en organizarse como partido y hay que esperar al bienio 1854-1856. De todas maneras, existen como grupo desde las Cortes de Cádiz. A la vuelta del exilio se reunieron en torno a algunos personajes como Fermín Caballero y cafés, casinos, etc. sirvieron como sedes de reunión de sus grupos. En 1835-1836 llego Mendizábal a España y se convirtió en líder del “Partido Liberal”. Durante estos años surgió la escisión de Istúriz y Alcalá Galiano. También destacó Salustiano Olózaga, que disputaría con el general Espartero el liderazgo del partido. Espartero quedaría desde 1837 como líder político y defensor militar del progresismo.
Mª Cristina apoyó principalmente a los moderados, que estuvieron en el gobierno hasta verano de 1840. Pero los progresistas ganaron terreno en los medios urbanos y en el Ejército. Así pues, conseguían mayorías en los ayuntamientos de las ciudades y dominaban la Milicia Nacional. Además, Espartero creó en 1837 el “Partido Militar del Norte”, próximo a los progresistas, mientras que el “Partido Militar del Centro”, próximo a los moderados, fue creado por Narváez.
Durante la Década Moderada los progresistas perdieron la escasa estructura que habían tenido, aunque les quedaban los periódicos y buen número de concejales y alcaldes. Tuvieron como principal papel la denuncia de las corrupciones y desviaciones del liberalismo. Su principal habilidad fue aprovechar los desacuerdos entre los propios moderados para ganarse a buena parte de estos. Tanto los progresistas como los moderados se debilitaron con la coalición opositora de 1852 contra Bravo Murillo. Espartero aprovechó para en 1854 alcanzar el liderazgo del Partido Progresista y el poder quedó en sus manos durante el Bienio Progresista.
A la izquierda del partido progresista y a la derecha del Moderado surgieron otros partidos a partir de los 50 y que se manifiestan con fuerza ya en el Bienio Progresista y años siguientes:
-Partido Demócrata: a la izquierda del Partido Progresista. Se organizó hacia 1846 y tomó fuerza a raíz de los acontecimientos de 1848, que en España no tuvieron excesiva importancia. Sus puntos fuertes ideológicos eran el sufragio universal masculino y la soberanía popular.
-“Neocatólicos”: a la derecha de los moderados. Se encuentra en algunos gobiernos desde 1852, pero no se organizan hasta 1854. Siempre estuvieron cerca del Partido Moderado, pero con objetivos relacionados con los intereses eclesiásticos nacionales y pontificios.

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840)
Durante la Regencia de María Cristina se dieron los primeros pasos hacía el pleno constitucionalismo. La guerra civil condicionó toda esta transición liberal, que se plasmó en un primer momento en el Estatuto Real (1834). Tras la acción del sector progresista se provocó un período revolucionario que se plasmó en la Constitución de 1837.
La regente renovó la confianza en Cea Bermúdez, pero este período no satisfizo del todo a los liberales. Se realizaron reformas administrativas desde el Ministerio de Fomento. Javier de Burgos llevó a cabo la división provincial de España, así como la creación de la figura de subdelegado de Fomento (luego “jefe político” o gobernador provincial). En octubre Cea Bermúdez se mostró partidario de la monarquía absoluta. Esto no gustó a los liberales y además la guerra se iniciaba y la reina acabó decidiendo el cambio de gobierno.
La regente decidió dar un paso decisivo hacia la renuncia por parte de la corona al poder exclusivo. Para ello llamó en enero del 34 a Martínez de la Rosa para formar un nuevo gabinete y elaborar un régimen constitucional aceptable. Martínez de la Rosa era un liberal doctrinario muy influenciado por el pensamiento francés. La aplicación del Estatuto Real en 1834 fue un paso más firme, ya que se establecía un régimen constitucional en el que la corona renunciaba al poder exclusivo y compartía la soberanía con las Cortes. De todas maneras, sólo los liberales más moderados se conformaron con el Estatuto. Aunque el rey cedía parte de su poder a las Cortes, estas sólo podían ser convocadas por el monarca (excepto para el presupuesto, cada dos años). Las Cortes eran bicamerales: la nobleza estaba representada en el Estamento de Próceres y el resto de la población en el de Procuradores. Estos últimos se elegían por tres años a través de sufragio en segundo grado y limitado.
Los progresistas consideraron el Estatuto Real como un primer paso, aunque equivocado, y continuaron luchando por un régimen basado en la Constitución de 1812. Las peticiones de los procuradores en Las Cortes fueron mayoritariamente deshechadas y la relación entre estas y el gobierno se hicieron muy tensas. La situación de guerra lo agravaba todo y los liberales se radicalizaron. Un intento de golpe de estado en enero de 1835 y otro intento de voto de censura hicieron que finalmente Martínez de la Rosa dimitiera.
Lo sustituyó el conde de Toreno con un gobierno que duro 4 meses. Se produjo en este período un acercamiento a los progresistas con la llamada a Mendizábal para la cartera de Hacienda. De todas maneras, la decreto de disolución de los conventos y otras decisiones marcaron una separación del liberalismo moderado que había caracterizado al gobierno y empujó a determinados sectores de la sociedad (el clero sobre todo) a apoyar al carlismo. Se produjo en este período también un proceso revolucionario a cargo de la milicia urbana que llevó a la constitución en diversas ciudades de juntas locales que asumieron el poder. Toreno intentó la disolución de las juntas, pero no tuvo éxito. Finalmente, la regente llamó a Mendizábal a formar gobierno para atraerse al sector progresista.
Entre agosto del 35 y del 37 se aceleró el proceso de liquidación del Antiguo Régimen con la acción decisiva de Mendizábal. Se liquidó la situación revolucionaria con diferentes acciones, entre ellas integrar los componentes de las juntas al gobierno de la diputación. La figura de Mendizábal dominó completamente este período y se rodeó en los ministerios de gente de su confianza. Mendizábal lo supeditó todo a acabar con la guerra en 6 meses. Siguió con la política de desamortización con el objetivo de afianzar una masa de propietarios fieles al liberalismo y que tuviese al clero como enemigo. La propiedad sujeto de esta desamortización no se consiguió repartir, ya que los compradores fueron los antiguos terratenientes y el efecto fue el contrario: la concentración de tierras. El éxito político tampoco estuvo claro, ya que los nuevos propietarios fueron mayoritariamente a parar al partido moderado. La desamortización conformó las bases socioeconómicas del Nuevo Régimen, ya que se reajustó la propiedad y se dio lugar a una poderosa clase terrateniente además de un amplio proletariado campesino. La economía de guerra se prolongó en el tiempo y se llegó a una situación insostenible, sobre todo por la deuda contraída. Pese a la victoria en las elecciones de febrero del 36 de los progresistas, el paso de Istúriz y otros al moderantismo obligaron al gabinete en el gobierno a dimitir.
La regente nombró a Istúriz presidente, pero tuvo en contra a Las Cortes, que acabaron siendo disueltas. Finalmente se produjo el levantamiento militar, que se propagó por diferentes ciudades. Con el motín de los sargentos, se obligó a la regente a jurar la Constitución de 1812 hasta que Las Cortes decidieran. Se confió el poder a Calatrava, que se apoyó en otros progresistas (entre ellos Mendizábal) y que promulgaron leyes en la dirección de restituir la situación del Trienio Progresista y la Constitución de Cádiz. Finalmente se convocaron unas Cortes Constituyentes que elaboraron la nueva constitución.
La Constitución de 1837 era más moderada que la de 1812, aunque más progresista que el Estatuto Real. Con ella se buscó el consenso. Se mantenían en ella puntos importantes de la Constitución de 1812, como la soberanía nacional, la separación de poderes y el reconocimiento a los derechos individuales. Por otra parte, se reconocía a la Corona una decisiva intervención en el proceso político, al ser quien convocaba Cortes, aunque también se ampliaban las funciones de Las Cortes. Se establecía un sistema bicameral (Congreso de Diputados y Senado) y el sufragio censitario y directo. Los senadores eran elegidos por el monarca de entre una lista confeccionada por los electores. De todas maneras, se permitía la disolución de Las Cortes por el monarca, lo que junto al sistemático falseamiento de las elecciones facilitó el control de estas por el gobierno.
El liberalismo más extremo del período se había alcanzado con Mendizábal, que llevó a cabo la desamortización. Además, la actitud mostrada hacia la Iglesia provocó malestar en algunos sectores, que giraron hacia el conservadurismo. El grupo moderado salió reforzado y adquirió mayor significado política. Se dotó además de una nueva teoría política, el doctrinarismo, según la cual lo que legitima el poder es la capacidad para gobernar.
Tras declinar Espartero la oferta de formar gobierno, Bardají se encargó, con victoria moderada en las elecciones. Su gabinete tuvo poca duración y le siguió Narciso Heredia, iniciándose así el Trienio Moderado (1837-1840). En este período se produjo el problema de las pagas a los militares y sus subsecuentes motines. Espartero impuso sus condiciones al gobierno, que tuvo que ceder. Se fue formando así en el norte un “Partido Militar” fuertemente influenciado por la situación de guerra y, por tanto próximo al progresismo. Al parecer, las presiones de Espartero acabaron con el gobierno.
Durante el siguiente Gobierno se produjo un enfrentamiento entre Espartero y Narváez (responsable del ejército del centro y de tendencia moderada). El tema acabó en pronunciamiento militar fracasado de Narváez, su exilio y el fortalecimiento de Espartero. Evaristo Pérez de Castro se hizo cargo del gobierno, que en este caso duró bastante (hasta julio de 1840), aunque sufrió profundas reorganizaciones.
Durante 1838 y principios de 1839 hubo entre los liberales dos tendencias en cuanto a la guerra. Por una parte, la corriente de Mendizábal, pedía acabar completamente con el carlismo. Los moderados eran partidarios de una paz honrosa que permitiese integrarlos en el Nuevo Régimen. En junio del 39 Espartero pidió a Mª Cristina que disolviese Las Cortes. Las elecciones tuvieron lugar casi al mismo tiempo que el Convenio de Vergara, que Espartero presentó como una victoria propia y del progresismo. Los progresistas vencieron en las elecciones, aunque luego le recriminaron a Espartero como había conseguido la paz, achacándole haber seguido las tesis moderadas. Además, para humillación de Espartero, se hicieron modificaciones al Convenio. El gobierno se sostuvo a pesar de estar en minoría por el apoyo de Espartero, pero se creo un clima de crispación ciudadana y se tuvo que cambiar el gobierno y convocar elecciones.
En diciembre se obtuvo holgada mayoría moderada. Se modificaron importantes leyes, entre ellas una relativa a la elección de los representantes en los ayuntamientos desde la corona. Este punto fue conflictivo, porque por el sistema de elección los ayuntamientos tenían mayoría progresista y eso les daba el control sobre la Milicia Nacional. La tensión entre el gobierno y los ayuntamientos creció y se produjo una movilización que empujó a Mª Cristina a buscar un acuerdo con Espartero. Este le propuso retirar la Ley de Ayuntamientos, disolver Las Cortes y sustituir el gobierno, aunque él se negó a encabezar un nuevo gobierno. Mª Cristina, en respuesta, siguió adelante con la Ley de Ayuntamientos en julio de 1840. A partir de ahí los sucesos se precipitaron: Espartero presentó una dimisión que no fue aceptada, el ayuntamiento de Barcelona se amotinó, Mª Cristina insistió en la opción moderada, etc. Se produjeron los primeros enfrentamientos entre milicianos y el ejército en diferentes lugares y se reprodujeron las juntas (otra vez según la fórmula de 1808) en varias ciudades. Con esta situación la regente tuvo que ceder ante las peticiones de Espartero y lo nombró presidente del Consejo de Ministros. Este formó un gobierno progresista y se redactó un programa de gobierno ante el que la reina gobernadora acabó renunciando a la regencia. Se exilió a París, desde donde conspiró con la ayuda de Luis Felipe de Orleáns y moderados y militares que se colocaron en la oposición al nuevo gobierno.

LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)
Entre 1840 y 1844 el poder es ostentado por militares (Espartero, Narváez y O’Donell). Los dos primeros fueron más caudillos que políticos y practicaron más el autoritarismo que el respeto constitucional. El tercero tuvo mayor temple político y más capacidad para liderar la vida civil.
Según la constitución, hasta la designación de nuevo regente el poder lo detentaría el Consejo de Ministros, que estaba dirigido por Espartero. Este estaba más acostumbrado a ejercer el poder militar que el civil y su relación con el Partido Progresista duró mientras este le fue útil. En esta línea, suspendió Las Cortes en octubre de 1840 y no las volvió a convocar hasta que no tuvo una supuesta mayoría parlamentaria. En realidad, Espartero nunca tuvo mayoría, ya que la suma de los moderados y de los progresistas que se ponían en su contra le hizo perder varias elecciones. En el Senado los moderados siempre fueron mayoría y en las sesiones conjuntas se tuvo que apoyar precisamente en los moderados para sacar adelante cuestiones concretas (sobre todo las relacionadas con la regencia).
En el tema de la regencia la Constitución preveía que pudiese ser ejercida por 1, 3 ó 5 personas. Los progresistas eran partidarios de 3 personas y los moderados y Espartero de 1 persona al frente únicamente. Así pues, con el apoyo de algunos progresistas fieles y de los moderados sacó adelante la regencia única en su persona en mayo de 1841. Formó un nuevo gabinete con sus incondicionales.
Una de las principales acciones del nuevo gobierno fue la venta de los bienes del clero secular (la llamada Ley Espartero). La venta ya había sido aprobada anteriormente, pero no fue hasta verano de 1841 cuando se produjo la subasta de los bienes, que se vendieron a un ritmo muy rápido.
Otro aspecto importante de la política de Espartero fue su orientación librecambista, en la línea de Mendizábal. Aunque los aranceles impuestos podían hacer pensar que se mantenía el proteccionismo, la realidad es que se rebajaron los aranceles, facilitando así la entrada de producto extranjero y la salida de productos españoles. Esta política librecambista y las intromisiones del embajador británico le hicieron a Espartero ganar fama de anglófilo. Esto le supuso una oposición creciente.
El gobierno fue derrotado en Las Cortes y estas se cerraron en agosto de 1841. Se fraguó entonces una conspiración entre militares y civiles que se tradujo en levantamiento entre septiembre y octubre de 1841. Este levantamiento fracasó debido al escaso apoyo que suscitó, a que las fuerzas de Espartero estaban intactas y la propia descoordinación del levantamiento.
De todas maneras, el gobierno antiforalista de González acabó provocando la reacción de varias zonas del norte donde Espartero utilizó el sitio. Esto le valió la reprobación del Congreso. Espartero conservó el poder gracias al apoyo de significados progresistas y las clases urbanas, así como aún de buena parte del Ejército. Pero las conspiraciones le hicieron perder apoyos también en este ámbito. Narváez conspiró junto a Mª Cristina desde París con la creación de la Orden Militar Española, que fue ganándose a militares partidarios del derrocamiento de Espartero y de la vuelta de Mª Cristina.
En el derrocamiento de Espartero jugó un papel clave Barcelona, que ya se había rebelado contra decisiones de su gobierno. La clase industrial catalana también se sintió fuertemente amenazada por la política librecambista del general. En este clima surgió en Barcelona una de las muchas revueltas conocidas como “motines de quintas” que se oponían a la recluta anual de soldados. El 13 de noviembre de 1842 se produjo una pelea entre civiles y soldados. Se acabó organizando una rebelión que aunó a fuerzas opuestas a Espartero, incluida la Milicia Nacional. Se formó también una junta provisional de gobierno y Espartero reaccionó con una represión durísima y el bombardeo masivo de la ciudad. A las protestas de los diputados catalanes Espartero respondió disolviendo Las Cortes. Desde principios de 1843 se multiplicaron las alianzas entre progresistas descontentos y moderados.
Las elecciones de abril fueron perdidas por Espartero, aunque este lo achacó al gobierno y sustituyó a Rodil por López, que juró en mayo de 1843. Pero el programa presentado no era aceptable para Espartero y le obligó a dimitir. Un nuevo gobierno tampoco duró y además, desde finales de mayo los pronunciamientos se difundieron por España pidiendo la normalidad constitucional. La Orden Militar Española también se movilizó. Tras la revuelta de julio en Sevilla, se consolidó el movimiento en Cataluña, con la “Junta Suprema de Barcelona” nombrando a Prim ministro universal. El golpe final fue la derrota del ejército esparterista de Seoane contra Narváez en Torrejón de Ardoz entre los días 22 y 23 de julio. Espartero decidió buscar refugio en Londres.
Los gobiernos intermedios y la mayoría de edad de Isabel II
Hasta mayo de 1844 se da un período de transición. Aunque el esparterismo había sido derrotado, el progresismo seguía vivo. En cualquier caso, el dominador de la nueva escena política fue Narváez.
López volvió a la presidencia para un gobierno breve que se dedicó a desmontar todo el aparato esparterista (disolución de la Milicia Nacional entre otras acciones). Pero algunos problemas continuaban pendientes. Entre ellos, estaba la continuidad de la Junta de Barcelona, que pedía una solución de cara a equilibrar los poderes de la regencia y el gobierno. Además, la vuelta de Mª Cristina no estaba bien vista por parte del progresismo. La junta barcelonesa, que reconocía a Prim y a Serrano como máximas autoridades, propuso el adelantamiento de la mayoría de edad de la reina. Narváez y el gobierno aceptaron la solución e Isabel II fue proclamada reina el 10 de noviembre de 1843 con 13 años de edad.
Tras la dimisión de López, accedió a la presidencia Olózaga, que intentó rehacer la fuerza progresista (amnistías, rehabilitación de la Milicia Nacional, derogación de la ley de ayuntamientos...). Pero acabó siendo bajo acusaciones de los moderados y tuvo que huir a Portugal. El siguiente presidente, Luis González Bravo, dio marcha atrás a las decisiones de Olózaga (volvió a disolver la Milicia Nacional). Las revueltas de respuesta fueron reprimidas muy duramente. Con la vuelta a España de Mª Cristina se acabó el gobierno de González Bravo y Narváez decidió asumir personalmente el gobierno el 8 de mayo de 1844.