Las transformaciones agrarias liberales

1. Las transformaciones agrarias liberales
1.1. El mundo rural en la crisis del Antiguo Régimen
En el atraso agrario tuvo una influencia muy destacada la estructura de la propiedad de la tierra. Los propietarios de los grandes latifundios de Extremadura, Castilla y Andalucía tenían una gran aversión al riesgo y muy escaso interés por el cultivo eficiente de sus tierras. De esta forma, en esas zonas la inmensa mayoría de la población vivía en unas condiciones cercanas a las de subsistencia. Las diferencias extremas de renta entre una minoría de propietarios y la gran masa de campesinos sin tierra provocaron una notable conflictividad, manifiesta en las movilizaciones campesinas en defensa de una reforma agraria que permitiese el acceso a la propiedad de la tierra.
A los problemas generados por el latifundismo, hay que añadir los del minifundismo. En la Submeseta norte y en Galicia, la subdimensipn de las explotaciones (minifundios), unido a la mala calidad de la tierra en el primer caso, impidió que llegaran a ser competitivas y obligó a emigrar a muchos campesinos.
Hasta bien entrado el siglo XX, el cereal, que contó con una gran protección arancelaria, fue el principal cultivo del campo español. En 1931, el valor de la producción de cereales y leguminosas representaba más del cuarenta por ciento del total del producto agrario. Como contrapartida, a finales de los años veinte, el precio de venta del quintal de trigo era en España más de un 50% superior que en Gran Bretaña. Con ello, la creciente población urbana se vio obligada a consumir alimentos a precios mucho mayores que los del mercado internacional. Y así, la renta disponible para demandar productos manufacturados fue menor.
Otros cultivos, entre los que destacan la vid, el olivar y los cítricos, tuvieron una trayectoria más dinámica. La expansión de la viticultura durante el último tercio del siglo XIX fue importante en La Rioja y Cataluña y mejoró la venta del aceite de oliva andaluz en los mercados internacionales. También aumentó la superficie de cultivo de la naranja, casi exclusivo del litoral levantino, a consecuencia de la expansión de la demanda de Francia y Gran Bretaña.
La escasez de transformaciones en el campo y la limitada productividad agrícola obstaculizaron la que debería haber sido una de las principales contribuciones de la agricultura al crecimiento económico moderno: permitir a una proporción creciente de la población dedicarse a la industria o al comercio, mientras un número cada vez más reducido producía alimentos suficientes. Al mismo tiempo, como los sectores agrarios de otros países sí mejoraron su productividad, la distancia entre éstos y España aumentó, con lo cual se consolidó la situación de atraso relativo de la agricultura española.

1.2. Abolición de señoríos y desamortización.
En dos etapas, de septiembre de 1835 a mayo de 1836, y de agosto de 1836 a finales de 1837,los progresistas, con Mendizábal a la cabeza, primero como jefe de Gobierno y después como ministro de Hacienda, asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. La acción del progresismo fue esencial en la concepción jurídica de los derechos de propiedad, especialmente de la propiedad agraria. Abordaron, por tanto, una reforma agraria que incluía tras ámbitos esenciales y que consagraban los principios de propiedad privada y de libre disponibilidad de la propiedad.
La disolución del régimen señorial, ya iniciada en las Cortes de Cádiz, se produjo por la ley del 26 de agosto de 1837, según la cual los señores perdían sus atribuciones jurisidiccionales (ejercer justicia) pero conservaban la propiedad de las tierras que los campesinos no pudiesen acreditar documentalmente como propias. Así, los campesinos que tradicionalmente habían trabajado dichas tierras perdían todo derecho y pasaban a ser simples arrendatarios o jornaleros. El antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario agrario.
La desvinculación (supresión de mayorazgos, patronatos, fideicomisos...) también se había iniciado en Cádiz. En 1837 se liberan definitivamente las tierras de los patrimonios vinculados y sus propietarios pueden venderlas sin trabas. Enormes extensiones de tierra salieron al libre mercado para ser compradas por el mejor postor
La desamortización había sido un elemento recurrente, desde el gobierno de Godoy (1789), como medio de conseguir recursos para el Estado con la venta de las tierras de la Iglesia y los Ayutantamientos. Mendizábal recurrió a esta medida en 1836. Así, decretó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Con los bienes desamortizados se constituyeron lotes de propiedades que fueron reprivatizados mediante subasta pública a la que podían acceder los particulares interesados en su compra. Las tierras podían comprarse con dinero en metálico o con títulos de la Deuda. Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para luchar contra el carlismo, recuperar vales de la Deuda aminorando el grave déficit presupuestario y, al mismo tiempo, crear una base social de compradores que se implicaría en el triunfo del liberalismo .
Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación jurídica del régimen de propiedad, una serie de medidas legislativas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron el marco de liberalización de la economía: la abolición de los privilegios de la Mesta (1836); el derecho a cercar y a la libre explotación de montes o viñedos (1833-34); la libertad de arrendamientos agrarios, la de precios y almacenamiento y la de comercio interior de la mayor parte de los productos (1836). Por último, la abolición de los privilegios gremiales y la implantación de la libertad de industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, completaron el marco jurídico e institucional de la implantación del liberalismo económico en España.
A partir de los años 40 los moderados paralizan la desamortización, pero lo que se ha realizado hasta entonces no se toca.
Durante dos años (Bienio Progresista), el nuevo gobierno intentó restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 e inmediatamente restauró la Milicia y la lev municipal progresista e inició la elaboración de una nueva Constitución (1856), que no llegó a ser promulgada. Entre tanto, el nuevo gobierno emprendió un ambicioso plan de reformas económicas en defensa de los intereses de la burguesía urbana y de las clases medias.
Las dos líneas de acción más importantes fueron la reanudación de la obra desamortizadora y la ley de ferrocarriles. La nueva ley desamortizadora (1855), a cargo del ministro Madoz, afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las cofradías, de las instituciones benéficas y sobre todo de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes). El volumen de lo puesto a la venta era mucho mayor que en 1837 y se pretendía igualmente conseguir recursos para la Hacienda y las inversiones públicas -muy esencialmente para la construcción del ferrocarril- y para la modernización económica del país. La construcción del ferrocarril fue el otro gran proyecto económico del gobierno del Bienio.