LA POBLACIÓN

El interés poblacionista y las fuentes
El número de hombres fue considerado por los políticos españoles del siglo XVIII como pieza básica de toda política de progreso y, por tanto, potencial primario del proceso histórico. El conde de Floridablanca, impulsor en 1787 del censo de población considerado más fiable de los que se llevaron a cabo durante la segunda mitad de la centuria, afirmaba que el objetivo de ese gran esfuerzo estadístico era "calcular la fuerza interior del Estado". Y el deseo de conocer el número de habitantes y poner ese dato en relación con la realidad económica, fue tema central de numerosos escritos económicos y políticos del siglo.
En la primera mitad de siglo estaba extendida la idea de que el país se hallaba escasamente poblado. Juan Amor de Soria, en su "Enfermedad crónica y peligrosa de los reinos de España y de Indias", redactado en 1741, consideraba que la falta de gentes era la peor de todas ellas , y José del Campillo, ministro de Felipe V entre 1741 y 1743, veía como causas de la despoblación de España el elevado número de eclesiásticos y la emigración a América . Estaba muy difundida la creencia de que el número de españoles era muy inferior en la época a los habitantes con que contaba el país en los siglos XV o XVI. José Cadalso, al escribir en 1775 sus "Cartas Marruecas", cifraba esa pérdida en la mitad: "¿Hablas de población? Tienes diez millones escasos de almas, mitad del número de vasallos españoles que contaba Fernando el Católico. Esta disminución es evidente" .
Incrementar el número de habitantes, conocer la dimensión de ese crecimiento, para poder valorar el acierto o no de la política seguida, y vincular el mayor número de hombres a la capacidad productiva, son directrices básicas de la política ilustrada. Jaume Caresmar , en su "Discurso sobre Agricultura, Comercio e Industria" de 1780, al afirmar que "el número de hombres crece a expensas y a proporción de la felicidad pública", establecía una relación directa entre crecimiento demográfico y desarrollo económico que Campomanes, en el "Discurso sobre el fomento de la industria popular" de 1773, había matizado al distinguir entre número de activos e inactivos: "Debe medirse el valor de la población, más que por el número de habitantes, con atención a la industria de cada uno y a los que viven aplicados u ociosos" .
Este interés por el conocimiento del número de hombres y, posteriormente, de la estructura demográfica de la población, general a todos los gobiernos del siglo XVIII, posibilitó la realización de recuentos de población, cuya calidad estadística fue siendo progresivamente mayor conforme la máquina burocrática borbónica era más eficaz y era menor la hostilidad o desconfianza hacia el fisco.
El primer recuento general efectuado en el siglo se llevó a cabo entre 1712 y 1717 con objeto de repartir las cargas fiscales producidas por la Guerra de Sucesión. Es conocido como Vecindario de Campoflorido, por haber sido dirigido en sus inicios por el marqués de Campoflorido, responsable de la administración de la Hacienda . Su carácter fiscal, la coyuntura postbélica, el todavía poco eficaz aparato administrativo, y el quedar el recuento restringido a vecinos pecheros, hacen que sus resultados sean poco dignos de confianza. A los pocos años de su realización, Jerónimo de Uztariz consideró que el nivel de ocultación estaba en torno al 25 %, y que tras la adición de ese porcentaje debía aplicarse el coeficiente 5 para la conversión de la cifra de vecinos en habitantes. Tras estas correcciones, el mercantilista Uztariz calculaba la población española en torno a los 7'5 millones. Estudios recientes de Francisco Bustelo y del demógrafo italiano Livi-Bacci han estimado un porcentaje de ocultación algo superior al calculado por Uztariz, situando el total de la población española en 8 millones, pues caso de admitir las cifras del Vecindario la tasa de crecimiento entre 1717 y 1768, fecha del llamado Censo de Aranda, hubiera superado un inverosímil 1 % anual y una esperanza media de vida al nacer de 40 años, cota no alcanzada en España hasta las primeras décadas del siglo XX.
De superior calidad estadística fueron los dos recuentos de población -- un Vecindario y un Censo -- que acompañaron la compleja realización del Catastro de Ensenada en 1752. En el Interrogatorio de 40 preguntas utilizado por los encuestadores, la 21 solicitaba el número de vecinos de cada localidad, dando como resultado la cifra de 1.929.530 vecinos para los territorios de la Corona de Castilla. Pero también se confeccionó un Censo que computaba individuos y atendía a la edad, el sexo y estado civil. El resultado que ofrece el Censo es de 6.570.499 habitantes, que extrapolados para las regiones y reinos excluidas del Catastro (Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y el País Vasco) atendiendo al mismo porcentaje que corresponde a Castilla en el censo de Floridablanca (un 70 %), la población a mediados de siglo estaría situada en los 9'4 millones.
En 1768, siguiendo instrucciones del conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, se efectuó el primer censo de ámbito nacional y en el que diferenciaba a los habitantes por grupos de edad, sexo y estado civil, excepción hecha de los viudos. La falta de confianza en la eficacia de la burocracia civil llevó a encargar su realización a la estructura administrativa de la Iglesia, por lo que sus datos se presentan por diócesis, dificultando las comparaciones con los censos posteriores, cuyas cifras vienen dadas por municipios y corregimientos. Sus resultados globales, estimados en 9'3 millones, pecan por defecto, como lo prueba que su total reitere la población calculada para 16 años antes, y por tal motivo es frecuente que los demógrafos prefieran comparar los datos demográficos que ofrece el Catastro con los del Censo de Floridablanca.
El Censo efectuado entre 1786 y 1787 por orden del conde de Floridablanca, ha sido tradicionalmente considerado el más fiable de todos los de la centuria , utilizándose su información no sólo a efectos estrictamente demográficos, es decir la distribución de la población por sexo, edad y estado civil, sino también como fuente para la evaluación de datos económicos o sociales, ya que ofrece cifras de eclesiásticos, número de hospitales, hospicios y casas de reclusión, y una poco desagregada distribución de la población activa. Sus cifras totales ofrecían poco más de 10'4 millones.
El llamado Censo de Godoy, realizado en 1797, ha merecido una suspicacia generalizada que sólo en los últimos años se tiende a paliar . Las dudas, e incluso el rechazo que inspiraba, se basaban en diversas razones, siendo las dos más reiteradas su cifra global de 10.541.221 habitantes, lo que suponía un irrelevante crecimiento de 131.342 habitantes en el período intercensal 1787-1797, y la disminución de unos 200.000 habitantes para Galicia en ese mismo período. Sin embargo, el ritmo de la evolución demográfica española durante el XVIII hace verosímil un crecimiento muy modesto para las dos décadas finales de siglo, y es probable que las crisis demográficas y de subsistencia que conoció a Galicia en ese período produjeran una notable pérdida de efectivos. Pero al margen de especulaciones, el Censo de Godoy supone la más acabada contribución del siglo XVIII español a la estadística demográfica. Vicente Pérez Moreda ha puesto en evidencia la superior calidad de la información que suministra el Censo de 1797 sobre cualquier otro recuento hasta la segunda mitad del siglo XIX: la división por edades se hace por intervalos de 10 años hasta la edad de 100, y la población activa es desglosada en 54 oficios para las actividades manufactureras, y en cinco apartados (labradores, arrendatarios, ganaderos, pastores y jornaleros) para el sector agrario, mientras que es suficientemente amplia la relación de actividades profesionales ubicadas en el sector "servicios".
Junto a vecindarios y censos, los registros parroquiales constituyen una fuente demográfica esencial, aunque limitada al nivel local. Las anotaciones de bautismos, confirmaciones, desposorios y defunciones se enriquecieron y sistematizaron a lo largo del siglo, aunque siguió estando generalizada la falta de inscripción de párvulos fallecidos, y es habitual encontrar una nula diferenciación entre las distintas edades de las personas a las que se da sepultura.

Los ritmos del crecimiento setecentista y las peculiaridades regionales
Aunque es unánime la opinión de que el siglo XVIII español conoce un despegue demográfico y que éste no se produjo con la misma intensidad en todas las regiones, existen diferencias a la hora de apreciar y valorar su auténtica dimensión.
El siglo XVII, excepción hecha de Galicia y Asturias, fue en sus tres primeras cuartas partes de estancamiento demográfico. Pero durante la década de los setenta en algunos lugares, y con posterioridad en otros, la población comenzó a recuperar sus efectivos. En la periferia mediterránea, con tierra abundante y unos bajos índices de densidad, el alza poblacional tuvo un fuerte impulso, registrándose importantes saltos positivos en aquellas parroquias donde ha sido posible comparar las series de bautismos y defunciones. De forma más modesta, el interior castellano, Extremadura y Andalucía también inician su recuperación, aunque no será hasta los años treinta del siglo XVIII cuando logren alcanzar el nivel demográfico que poseían a fines del siglo XVI.
Tras el paréntesis pasajero de la Guerra de Sucesión, la tendencia alcista iniciada a fines del XVII prosiguió con fuerza durante la primera mitad del siglo XVIII al ritmo de un 0'43 % anual, pero ese dinamismo fue perdiendo impulso conforme se avanzaba en la segunda mitad de la centuria. La tasa de crecimiento anual era del 0'32 % entre 1752, fecha del Catastro, y 1768, Censo de Aranda, mientras que tan sólo alcanzaba un 0'28 % entre 1752 y 1786-1787, momento en que se ejecutó el Censo de Floridablanca. Los entre 7'5 y 8 millones que el país tenía aproximadamente hacia 1717, eran en 1797 algo menos de 11 millones, un crecimiento modesto, más intenso en la primera mitad del siglo, poseedor todavía de las características propias del ciclo demográfico "antiguo", y próximo al que conocieron para el mismo período Italia o Francia.
Pero este crecimiento no fue uniforme, sino enmarcado en importantes contrastes regionales, que oscilan entre el tímido aumento de las zonas sujetas a una baja presión demográfica, como Galicia y la cornisa cantábrica, y las más dinámicas del litoral mediterráneo, exponentes típicas de una situación de alta presión demográfica al darse en ellas una relación muy favorable entre recursos y población.
En Galicia y Asturias, el crecimiento demográfico vivido en el XVII por la introducción del maíz dio lugar a que se llegara al siglo XVIII con una de las densidades más elevadas del país, muy acusada en el litoral, saturado de población. La dificultad de un crecimiento de los recursos bloqueó el crecimiento demográfico, teniendo que acudirse al recurso de la emigración hacia Madrid, Andalucía o América, al matrimonio tardío o al celibato definitivo para paliar la presión ejercida por una población que había crecido por encima de los recursos. Aunque no de forma tan acusada ni desde fecha tan temprana, la población vascongada responde al mismo esquema: una superpoblación relativa que fue soportable gracias a que actuaron con intensidad dos controles preventivos, como eran la más alta edad media de acceso de la mujer al matrimonio de toda España (por encima de los 26 años), y la emigración, y cuya importancia era destacada en 1801 por el viajero Alexander von Humboldt con estas expresivas palabras:"Guipúzcoa tiene una población tan crecida que todos los años hay emigraciones hacia el resto de España y hacia América. Podría quizá privarse de 40.000 de sus habitantes sin que se hiciera muy visible por esto el hueco".
Esta realidad de la España septentrional, contrasta con el crecimiento del litoral mediterráneo. El reino de Murcia verá triplicar su población, con un espectacular ritmo de crecimiento medio anual del 2'69 por mil en Cartagena entre 1740 y 1760, el más elevado de todo el siglo XVIII español, como consecuencia de la instalación en la bahía cartagenera del Arsenal en la década de 1730; en Valencia su población crece un 103 % entre 1710 y 1790 gracias a una favorable relación entre la población y los recursos , y sólo se debilita el crecimiento cuando esta relación se deteriora en las últimas décadas de la centuria, lo que también sucede en Cataluña donde una coyuntura demográfica claramente alcista se ve comprometida a fines de siglo. Pierre Vilar ha señalado el paralelismo existente entre crecimiento económico del Principado y su evolución demográfica: una primera mitad de siglo en la que el incremento demográfico se vio favorecido por los bajos precios de cereal; un ritmo menor en los años intermedios cuando los rendimientos decrecientes de la agricultura y el descenso de los salarios agrícolas son la evidencia de una situación de superpoblación relativa, momento que se supera hacia 1770 cuando se consolidan nuevas alternativas comerciales; y una crisis demográfica en el periodo finisecular, que Jordi Nadal ha datado con precisión: a) 1792-1795, relacionada con la Guerra con la Francia revolucionaria; b) 1801-1804, conectada con el alza de precios del cereal; y c) 1808-1812, como consecuencia de la Guerra de la Independencia. Aragón no alcanza las tasas murcianas, valencianas ni catalanas, si bien tiene un crecimiento superior a la media nacional, y si en los inicios del siglo XVIII 4'2 españoles eran aragoneses, su participación en el total nacional a fines de la centuria es de 5'72 %.
El resto del país está en una situación intermedia entre la descrita para la España septentrional y la mediterránea. Andalucía conoció un tímido crecimiento, mayor en su parte oriental y más acelerado en la primera mitad de la centuria. En Castilla la Vieja y León el crecimiento se inicia transcurrido el primer cuarto de siglo, y sus más importantes centros urbanos (Valladolid, Toro, Segovia) siguen a fines del período por debajo de los niveles alcanzados en los momentos más brillantes del siglo XVI. Castilla la Nueva, pese a iniciar su recuperación hacia 1680, sólo logra un crecimiento moderado cuyos mejores momentos corresponden a la primera mitad de siglo. Extremadura, pese a su baja densidad de 9'3 h/km2 en 1752, mantiene un crecimiento muy moderado, con tendencia al estancamiento en las últimas décadas. Como puede apreciarse, una evolución positiva pero modesta y, desde luego, alejada de cualquier calificativo "revolucionario", y cuyos parámetros de natalidad, nupcialidad y mortalidad responden a comportamientos propios de las sociedades tradicionales.
Los parámetros demográficos
En un régimen demográfico antiguo, las instituciones, las costumbres y la propia organización familiar favorecían una alta natalidad que pudiera mitigar los efectos de una elevada mortalidad. Pero la natalidad se hallaba condicionada fuertemente por la intensidad matrimonial, es decir, la edad en que la mujer accedía al matrimonio, y el grado de celibato definitivo existente. En las zonas de baja presión demográfica (Galicia, la fachada atlántica septentrional, Canarias) la edad de acceso al matrimonio estaba situada por encima de los 23 años de media para España, mientras que se situaba por debajo en las regiones de alta presión del litoral mediterráneo, dándose la misma situación respecto al celibato definitivo, con porcentajes del 15 % de mujeres célibes mayores de 50 años en Galicia y Pais Vasco, y del 12 % en Asturias, cuando en el conjunto español la media se encontraba en un 11 %.
La mortalidad era el parámetro más determinante dentro del ciclo demográfico antiguo. Los estudios de Pérez Moreda han demostrado que la imagen saludable con que es presentado el siglo XVIII debe ser revisada, pues no se aprecia, en términos generales, un descenso de la mortalidad respecto a periodos anteriores. Es cierto que se mitigan las mortalidades catastróficas causadas por epidemias de breve duración y un alto índice de letalidad, y que la peste deja de afectar a España. Pero siguen dándose coyunturas de sobremortalidad, en relación con crisis de subsistencia, o como efecto del embate de enfermedades endémicas o de otros brotes epidémicos.
Varias crisis agrarias incidieron en un incremento de la mortalidad: la de 1704-1711, afectada por la Guerra de Sucesión y por las malas cosechas, siendo 1709 un año en el que, en opinión de Domínguez Ortiz, se padeció "un hambre terrible en casi toda España" ; entre 1762 y 1765, la mortalidad se elevó como consecuencia de la violenta crisis agraria de este período que desembocaría en los motines de 1766; y las dificultades de fines de los ochenta y las crisis alimentarías de los noventa también afectaron a la mortalidad.
Pero no fueron las crisis de subsistencia las que en mayor grado contribuyeron a mantener elevada la mortalidad. Enfermedades endémicas, como el paludismo, la viruela o el tifus, o enfermedades epidémicas nuevas, como la fiebre amarilla, tuvieron una mayor incidencia. El paludismo -- las llamadas "tercianas" -- mantuvo su elevada morbilidad en toda España, y muy especialmente en las llanuras litorales valencianas . Sólo el uso de la corteza de quina suponía un remedio eficaz, pero era un específico tan escaso que Cabarrús propugnó que el gobierno comprara en América toda la quina posible y la distribuyera gratuitamente "a todos los pueblos del reino". La viruela se propagó de tal modo en el siglo XVIII, que eran escasos quienes no la hubieran padecido en alguno momento de su vida. La polémica sobre la bondad o no de la inoculación como método profiláctico fue tan intensa en España como en el resto de Europa, pero la discusión impidió que el gobierno se decidiera por una política inoculadora hasta fines de siglo. El descubrimiento de la vacuna por Jenner en 1796 tendría, por el contrario, una fulgurante recepción en España, y ya en 1803 la monarquía organizó una expedición, dirigida por el Dr. Balmis, para propagar la vacuna a sus posesiones de ultramar . El tifus, debido a la falta de higiene en el agua potable y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales, era una enfermedad extendida y muy activa, como también lo eran el sarampión, la tos ferina, la difteria, la disentería o la tuberculosis. El desarrollo de prácticas preventivas fue muy reducido, ya que la medicina avanzó muy lentamente y la asistencia hospitalaria era contraproducente, al desconocerse los mecanismos de contagio y carecer por completo de medidas antisépticas.
Los avances logrados en el XVIII para mitigar la mortalidad fueron, por tanto, escasos. A fines de la centuria, todavía la mortalidad infantil afectaba a un 25 % de los nacidos en el primer año de vida, ocasionada por la falta de higiene, alimentación deficiente o enfermedades, y este porcentaje aumentaba hasta el 35 % antes de los siete años, alcanzando porcentajes superiores al 80 % en las inclusas donde se depositaban los niños expósitos, como ha señalado Teófanes Egido .
La esperanza de vida de sólo 27 años, frente a los 25 años del siglo XVII, señala la modestia de las transformaciones operadas en los mecanismos demográficos en el setecientos español, y la pervivencia del ciclo demográfico antiguo, en el que la mortalidad tiene un papel determinante.